En vez de intentar atacar buscando soluciones a otros asuntos que resultan ser grandes problemas y que realmente suponen una verguenza para la sociedad, parece que todos se postulan contra el P2P, considerandolo como el mal de nuestro tiempo con el que hay que acabar.
Difícil tarea, por la naturaleza misma del asunto, ya que es muy posible que se desarrollen otros sistemas, canales o medios como alternativa a los actuales.
A continuación reproduzco un artículo publicado ayer en Publico.es en el que Gobierno, asociaciones de la industria, de telecomunicaciones, tecnológicas; aprobaron una declaración conjunta contra la piratería con la que se pretende fijar los ambitos de actuación a llevar a cabo en los proximos meses.
España pone fecha de caducidad al P2P: primer semestre de 2010
Los
ministerios de Cultura e Industria fijan el periodo de presidencia
española de la UE como límite para tener un nuevo marco jurídico que
frene el intercambio gratuito de contenidos
El
Ministerio de Cultura y el de Industria cabalgan juntos de nuevo.
Después de pactar los precios y dispositivos afectados por el llamado
canon digital, se acaban de poner un nuevo reto: "La definición de un
marco jurídico coherente y seguro para la defensa de los derechos de
propiedad intelectual tanto en el ámbito nacional como en el seno de la
Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer
semestre de 2010". Así lo aseguraron este jueves en un comunicado tras
la reunión de la Comisión Intersectorial que ha presidido el ministro
de Cultura, César Antonio Molina.
El reto, reducida
drásticamente la venta ilegal de contenidos en la calle, en forma de
top manta, salta ahora a Internet, lo que equivale a poner coto a los
programas de intercambio de archivos (P2P) como eMule o BitTorrent. Por
eso, en el comunicado se habla expresamente de la necesaria
colaboración de las operadoras de comunicaciones electrónicas y
prestadores de servicios de acceso a Internet (ISP) con las entidades
de gestión de derechos de autor.
Colaboración de ISP y autores
La
Comisión Intersectorial ha definido una serie de medidas maestras para
lograr su objetivo de luchar contra lo que definen en general como
"piratería". El foco principal de las actuaciones será "la lucha contra
los atentados a la propiedad intelectual que tienen lugar en el entorno
digital". Para ello, uno de los puntos que resalta el Ministerio de
Cultura, que dirige César Antonio Molina, es la colaboración entre los
actores implicados.
El texto de la Comisión Intersectorial dice
literalmente: "La Comisión llama igualmente a los titulares de
contenidos y a las operadoras de comunicaciones electrónicas y
prestadores de servicios de la sociedad de la información a reforzar su
compromiso de colaboración en la lucha contra la piratería digital".
A
renglón seguido menciona la necesidad de dar a los ciudadanos una
contrapartida en forma de "una oferta de contenidos lo más amplia,
plural y segura posible". Para suplir por negocio lo que se quiere
eliminar, se impulsará "la consecución de acuerdos entre la industria
de los contenidos y los operadores de Internet en la búsqueda de nuevos
modelos de negocio que [...] ofrezcan mayor valor añadido e interés
para los consumidores". Otra tarea a la que se han comprometido los
miembros de esta comisión es la de sensibilizar a los internautas.
Por
ello, se difundirá un Manual de Buenas Prácticas para la persecución de
los delitos contra la propiedad intelectual, que ha sido elaborado por
el Ministerio de Cultura, Justicia, la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, la Fiscalía General, las entidades de gestión de derechos
(entre ellas SGAE) y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Algunos operadores ya habían iniciado este camino por su cuenta.
Telefónica
acaba de lanzar el programa Educar para Crear en colaboración con el
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la multinacional de
contenidos Universal NBC y Microsoft. Concretado en una web del mismo
nombre, el proyecto busca que los derechos de propiedad intelectual se
integren en el currículo escolar para que los niños aprendan la
importancia de respetarlo. Telefónica también tiene otras partidas
dedicadas a la sensibilización de sus usuarios.
Ausencia de los internautas
En
el acto, celebrado en la Biblioteca Nacional, estaban presentes todos
los miembros de la Comisión Intersectorial creada para actuar contra
las actividades que vulneren los derechos de propiedad intelectual.
Hasta 12 ministerios del Gobierno tenían representación, además de las
comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, el ayuntamiento de
Barcelona y el madrileño junto a la Federación Española de Municipios y
Provincias.Por parte de la industria, acudieron todos los que son en el
campo de los derechos de autor: SGAE, Cedro, la Asociación de
Intérpretes y Ejecutantes... y así hasta la decena.
Por parte
del sector tecnológico, son miembros de la comisión la Asociación de
Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), las
dos principales representantes de los fabricantes de tecnología y
electrónica (Asimelec y Aetic), la Business Software Alliance, la CEOE,
la Federación contra la Piratería e, incluso, el departamento de
propiedad intelectual de la editora Prisa.
Los que no estaban presentes eran los ciudadanos, ni por medio de asociaciones de consumidores ni por los colectivos de internautas.
Una oleada de medidas que viene de Europa
Directivas. La brecha del Parlamento
Las
enmiendas aprobadas esta semana en el Parlamento Europeo, aunque no
contienen un ataque frontal contra el intercambio de archivos si abren
una doble vía por la que pueden transitar los propietarios de derechos
de autor: la inclusión en los contratos entre operador y usuario de
cláusulas que recuerden la obligación de respetar la propiedad
intelectual y la necesidad de buscar cauces de colaboración entre
proveedores de acceso y entidades de gestión. Las asociaciones de
usuarios anuncian una campaña de cara a la votación en el pleno,
prevista para el 3 de septiembre.
Tres avisos. El modelo francés
En
noviembre del año pasado, el gobierno francés presentaba el ‘Informe
Olivennes', dirigido por el presidente de la cadena de tiendas FNAC.
Allí se postulaba el sistema de los tres avisos y el organismo Hadopi.
Este podría recibir denuncias de los propietarios de derechos de autor
y exigir a las operadoras que cortaran la conexión a los internautas
que intercambien archivos protegidos, después de dos avisos. El
informe, en el que participaron también los ministerios de Cultura e
Industria galos, las entidades de gestión de derechos y las operadoras,
se convirtió en proyecto de ley en sólo unos meses. La Asamblea
Nacional francesa lo estudiará el próximo otoño.
Autorregulación. Cartas inglesas
En
el Reino Unido, la aproximación al problema ha sido algo diferente.
Consecuente con la tradición liberal británica, los proveedores de
acceso a Internet y la BPI (la industria discográfica británica) están
buscando formas de colaboración sin que tenga que intervenir el
gobierno.
De hecho, el ISP Virgin ya ha comenzado a mandar
cartas a los internautas que se han destacado por descargar grandes
cantidades de archivos. BT ha anunciado que estudia una medida similar.
En todo caso, el gobierno de Gordon Brown ya ha avisado que si ellos no
se ponen de acuerdo, podría importar la ley francesa.
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